Las finanzas descentralizadas, o DeFi, son un nuevo e innovador componente del mercado financiero mundial. Construidas sobre la tecnología blockchain, las aplicaciones DeFi mitigan la necesidad de intermediarios para procesar las transacciones financieras mediante el uso de contratos inteligentes subyacentes escritos en código informático. Esto proporciona una alternativa de bajo coste a los productos financieros tradicionales (TradFi), como las hipotecas y los préstamos, lo que da a DeFi el potencial de transformar el sistema financiero tal y como lo conocemos.
Si bien esto presenta enormes oportunidades, también crea desafíos para los reguladores. Algunos reguladores intentan adaptar la normativa de la TradFi (por ejemplo, las licencias bancarias, las leyes de KYC, las leyes de valores) a la DeFi, mientras que otros se centran en la redacción de nuevas leyes a medida para el espacio de las criptomonedas. En última instancia, todos los reguladores están unidos en sus preocupaciones mutuas sobre la velocidad de crecimiento de la DeFi y los riesgos que esto supone para los usuarios finales. Aquellos que lideran el espacio DeFi tienen la responsabilidad de fomentar una regulación de apoyo y protección.
La normativa DeFi, al igual que la TradFi, debe proteger a los usuarios
A partir de 2022, los usuarios de DeFi han desplegado más de 110.000 millones de dólares en capital para proyectos de DeFi, según la plataforma de análisis de DeFi Llama. Aunque DeFi ofrece oportunidades lucrativas, la novedad del espacio ha permitido a los malos actores explotar las oportunidades de estafa y robo generalizadas. Los usuarios han perdido más de 12.000 millones de dólares a través de la delincuencia dentro de DeFi, plataformas de préstamos e intercambios desde 2020. En última instancia, la adopción de DeFi se enfrenta a una batalla cuesta arriba si los primeros adoptantes no sienten que pueden confiar en estos nuevos proyectos emergentes.
Para contextualizar, mientras que los ciberdelincuentes han blanqueado más de 33.000 millones de dólares en activos digitales desde 2017, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que cada año se blanquean entre 800.000 y 2 billones de dólares en moneda fiduciaria del gobierno. Es importante recordar esto no con el propósito de restar importancia a la delincuencia financiera en las criptomonedas, sino más bien parailustrar que la delincuencia financiera afecta prácticamente a todas las formas de transferencia de valor económico.
Hay que encontrar un equilibrio. Los profesionales de la aplicación de la ley y del cumplimiento de la normativa deben ser conscientes del volumen de actividad de blanqueo de dinero que puede trasladarse a DeFi a medida que el sector crece, al igual que deben ser conscientes de la delincuencia financiera en TradFi. Al igual que en TradFi, la delincuencia financiera debe combatirse en DeFi mediante políticas reguladoras que protejan al usuario final.
El estado actual de la regulación
La regulación de DeFi ya ha comenzado. La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido ha concedido oficialmente el registro a las entidades DeFi y ha empezado a reconocer a las entidades DeFi aprobadas como instituciones de dinero electrónico. Además, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) -organismo intergubernamental que establece normas internacionales para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a escala mundial- se ha esforzado por establecer normas para identificar a los actores responsables de los proyectos de DeFi, creando una prueba para determinar si los operadores de DeFi deben estar sujetos al régimen de proveedores de servicios de activos virtuales o “VASP”. El régimen VASP impone, entre otras cosas, obligaciones de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CFT).
DeFi se está convirtiendo cada vez más en un medio para explotar las principales amenazas que los reguladores financieros están tratando de controlar. Además del blanqueo de dinero, la evasión fiscal y la financiación del terrorismo, el fraude también está muy presente en el espacio DeFi. Un ejemplo de ello son las falsas ventas de tokens que vemos en el espacio, en las que un estafador vende un token asociado a un proyecto aparentemente legítimo a los usuarios y procede a huir con el capital recaudado. Esto se conoce comúnmente como un “Rug Pull“ (tirón de alfombra) en el espacio DeFi, algo con pocas o ninguna consecuencia legal.
Además, existe un riesgo sistémico. El sector DeFi, en su estado actual, todavía no es lo suficientemente grande en términos de valor total bloqueado (TVL) como para influir en un contagio financiero más amplio en caso de un colapso significativo del mercado. Sin embargo, es posible que DeFi acabe heredando ese nivel de influencia. El reciente colapso de UST envió al mundo de las criptomonedas a un mercado bajista y provocó la pérdida de 400.000 millones de dólares del sector de las criptomonedas, medidos en términos de capitalización total del mercado. En una escala mayor en el futuro, un evento como este podría tener efectos de gran alcance en los mercados de capital principales.
DeFi debe pro-activamente crear medidas tecnológicas para su regulación
Los proyectos DeFi pueden implementar proactivamente procesos de regulación y cumplimiento. Por ejemplo, podría incorporarse un control en la smart contract subyacente que requiera una comprobación contra el blanqueo de capitales (AML) como parte de los criterios para que el contrato se ejecute con éxito. Los proyectos de DeFi también pueden considerar la integración de indicadores de riesgo de delitos financieros y puntuaciones relacionadas con las direcciones de los monederos y/o las partes que realizan las transacciones en su plataforma.
El anonimato dentro de DeFi es una cuestión difícil de navegar con respecto a los procedimientos de cumplimiento. Una solución prometedora son los wrapped smart contracts que permiten a las entidades verificadas depositar fondos y acuñar automáticamente “activos totalmente conformes” que pueden utilizarse en cualquier protocolo DeFi sin necesidad de hacer KYC cada vez que se usen. Podrían introducirse técnicas criptográficas avanzadas, como las pruebas de conocimiento cero (ZKP), para verificar la elegibilidad de un operador sin tener que revelar su identidad a un protocolo DeFi regulado.
En la misma línea, existe la posibilidad de que los reguladores se extralimiten al aplicar las restricciones previas y las regulaciones basadas en permisos establecidas en el ámbito de la TradFi a las aplicaciones DeFi implícitas sin permiso. Para que organismos gubernamentales como la SEC puedan tomar medidas contra DeFi, tendrían que hacer valer la “jurisdicción de valores” sobre las dApps y sus activos digitales relacionados.
Al igual que un profesional de la medicina no recomendaría una operación de corazón para un hueso roto, las regulaciones de una clase de activos o plataforma no deberían aplicarse ampliamente a una clase de activos o tecnologías no similares. Cuando los reguladores se extralimitan de esta manera, más proyectos de DeFi pueden maximizar su descentralización convirtiéndose en organizaciones autónomas descentralizadas (DAO) – un movimiento que puede hacerlos más difíciles de regular, pero también podría alejarlos de la economía principal.
Los proyectos DeFi deben entablar conversaciones proactivas y constructivas con los reguladores en torno a varias cuestiones -a quiénes deben regular los reguladores; qué forma adopta la regulación; y cuánto tiempo tardarán los reguladores en ponerse al día con este sector en rápida evolución- para garantizar que la regulación resultante sea justa, eficaz y viable en un mundo descentralizado